4 Liquidez para autónomos

Liquidez para autónomos

Fondos liquidez ICO

Como puedo acceder a los Fondos ICO COVID-19 más información sobre solicitud y condiciones

Para cubrir sus necesidades de liquidez, el Gobierno prometió que pondría en marcha una línea de avales bancarios por un valor de hasta 100.000 millones de euros para que estos negocios afectados por el coronavirus . Para pymes y autónomos

Según el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, puede solicitar la Línea ICO COVID-19 cualquier empresa o autónomo con domicilio social en España. 

¿Cuál es la finalidad de esta Línea?

Facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:

  • Pagos de salarios
  • Facturas
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias
Banco Sabadell hemos preparado un banner especial que creemos puede ser de ayuda a vuestros colegiados, con el fin de resolver dudas que puedan surgir en relación a la Línea de avales ICO Covid.

El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía anunció que garantizará el 100% de los préstamos que las entidades financieras concedan a los pequeños negocios y a los autónomos andaluces

30/03/2020 Comunicación https://www.cgac.es/todas-las-ayudas-financieras-del-gobierno-a-autonomos-y-pymes-con-motivo-del-coronavirus-al-detalle/

Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con los bancos. El Consejo General está trabajando con sus entidades financieras colaboradoras, para que esta liquidez pueda llegar de manera efectiva a los Agentes Comerciales. 

Microcréditos para el pago del alquiler por parte de autónomos

En el paquete de medidas aprobado por el Gobierno también se incluyen líneas de ayudas al alquiler con el objetivo de asegurar el derecho a la vivienda digna a personas en situación de vulnerabilidad económica.

Entre estas líneas de ayuda destaca la concesión de microcréditos públicos a interés con un plazo de devolución de cero de seis años ampliables a 10 años. Estos microcréditos se a trabajadores autónomos hayan visto reducidos sus ingresos y también a personas desempleadas o que hayan sufrido un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

  • Ayudas directas al alquiler de 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta a los autónomos que encajen en las condiciones de situación de vulnerabilidad económica. Una de las propuestas que se añadió a última hora al borrador, y que según fuentes conocedoras de la negociación, ha allanado mucho el camino para el pacto, es posibilitar que aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los créditos del ICO dispongan de ayudas directas del Estado, con un importe máximo de 900 euros mensuales para cubrir el principal del préstamo con los intereses, y de 200 euros adicionales al mes destinados únicamente a los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos. Los supuestos que hay que cumplir para acogerse a este apoyo extra tendrán que discutirse en el seno del Consejo de Ministros. Otra novedad de última hora es que para poder acogerse al supuesto de vulnerabilidad coyuntural habrá más flexibilidad que en la moratoria hipotecaria. Aquí podrán entrar, explican las mismas fuentes, los parados, los afectados por un ERTE o por una reducción de jornada, y los autónomos que no lleguen al límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En la moratoria hipotecaria de mediados de marzo, las condiciones para poder beneficiarse eran mucho menos laxas.

Recuperación de los planes de pensiones en caso de cese de actividad

Los autónomos que sean titulares de planes de pensiones y hayan visto su actividad suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o hayan cesado su actividad, podrán hacer efectivos sus derechos en un plazo de seis meses desde la declaración del estado de alarma. Eso sí, el importe retirado no puede ser superior a los ingresos netos estimados (con acreditación) que se han dejado de percibir mientras dure el cierre del negocio o la suspensión de la actividad.